La Fiscalía General de la Nación emitió dos “aclaraciones” que consideró “imprescindibles”  con el fin de contribuir a la ejecución del Acuerdo Final entre Gobierno y FARC para delimitar su alcance jurídico y evitar equivocaciones en las autoridades y la ciudadanía. 

El ente de control precisó, en primer lugar, que “Todo delito que se consume con posterioridad a la entrada en vigor del Acuerdo Final será objeto de investigación, acusación y condena únicamente por parte de la jurisdicción ordinaria, con sujeción al régimen de penas y de procedimiento ordinario”.

Y añadió, en un segundo punto, que “Frente a delitos que por su naturaleza son de ejecución continuada (v.gr. reclutamiento de menores, conservación de plantaciones ilícitas, entre otros) iniciados con anterioridad a la entrada en vigencia del Acuerdo Final, serán de competencia de la Fiscalía General de la Nación si se prolongan en el tiempo con posterioridad a dicha vigencia”.

En rueda de prensa, el fiscal Néstor Humberto Martínez Neira  “la Fiscalía entregará oportunamente al sistema de justicia transicional los informes que le permitan investigar y juzgar las graves conductas ocurridas con ocasión del conflicto armado y velará celosamente porque sea efectivo el derecho de las víctimas a la no repetición”. 

En ese sentido, el ente “ha dispuesto lo pertinente para actuar en el territorio como guardián jurídico de los compromisos adquiridos y judicializará con todo rigor cualquier conducta penal que escape a la palabra empeñada por par Partes, en defensa de la integridad de los ciudadanos y de los propios colombianos reincorporados a la vida civil”.

Martínez manifestó que “los delitos que se cometan con posterioridad a la entrada en vigor del acuerdo final quedan sometidos al régimen ordinario de la ley penal y serán del conocimiento exclusivo de la Fiscalía General de la Nación”.

Ante ello aclaró que “el patrimonio ilícito acumulado durante el conflicto no se encuentra saneado”.

“Sin perjuicio del deber de las autoridades y particularmente de la Fiscalía, de extinguir a favor de la Nación el dominio de tales bienes, debe tenerse presente que cualquier acto que se lleve a cabo con posterioridad a la entrada en vigencia del Acuerdo Final, consistente en invertir, transformar, almacenar, conservar, custodiar o administrar bienes de origen ilícito, o que tiendan a darles apariencia de legalidad o se legalicen, constituirá el delito de Lavado de Activos”, comunicó el funcionario.